¿Les parece bien que acepten viviendas vacacionales en zonas turísticas de canarias?

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Este mes han salido publicadas algunas noticias relacionadas con las viviendas de alquiler vacacional y su controvertido entramado. Por un lado, el Gobierno de Canarias permitirá el alquiler vacacional en zonas turísticas con una serie de condiciones. Por otro lado, el TSJC anula varios artículos del decreto que regula esta actividad.

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¿Qué riesgos puede conllevar?

Este asunto crea una serie de asuntos complejos, ya que por un lado, está el miedo por poner en riesgo el modelo turístico de las islas y, por otro lado, querer ofrecer una solución a la posibilidad de regular esta situación con las viviendas vacacionales.

¿Qué dice el decreto actual?

El decreto actual prohíbe la total explotación mediante alquiler vacacional en zonas turísticas, pero no en zonas residenciales. Esto implica un problema: la costosa, cada vez más, adquisición de viviendas de alquiler en las zonas próximas a los núcleos turísticos para los residentes.

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¿Para cuándo una solución?

Próximamente se publicará un borrador de nuevo decreto con una nueva regulación. Aquí se expondrán las condiciones que se deberán cumplir con criterios de calidad y seguridad.

¿Qué ha anulado el TSJC?

  • El artículo que prohíbe el alquiler de habitaciones.
  • La espera de 15 días para que los propietarios comiencen la actividad.

¿Por qué tanta complejidad en torno a la vivienda vacacional?

A esta problemática se suman una serie de factores, que al igual que muchos intereses de trasfondo, ciudades con diferentes características, están también estos:

  • Medioambiente
  • Entorno urbano
  • Uso del territorio

 
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Con la vivienda vacacional se democratiza la industria que es líder en Canarias, el turismo. Con ello, los residentes podríamos “subirnos a este carro” y lucrarnos , también, de este sector que, actualmente beneficia a multinacionales, que realizan contratos precarios con sueldos bajos, como indican las cifras del INE en nuestra comunidad autónoma.

 

¿Creen que esta regulación puede ser una fuente de ingresos para muchas familias?

¿Puede afectar esto al tipo de turismo que llegue a nuestras islas?

¿Es tan difícil llevar a cabo una regulación justa?

 

 

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