El Estado pasa a Canarias la competencia en Servicios Sociales de 60 Ayuntamientos Canarios

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El Estado pasa al GobCan la competencia en Servicios Sociales de 60 Ayuntamientos.

En de enero de 2016, entra en vigor la Ley de Racionalización de la Administración Pública del Gobierno de España, esto está provocando un terremoto en los municipios canarios y en el GobCan, debido a lo precipitado de la ley y a las dificultades de implantación.

Los 60 ayuntamientos de Canarias pequeños que tengan menos de 20.000 habitantes se quedan el 1 de Enero imposibilitados legalmente para ofrecer la prestación de Servicios Sociales a quienes los necesiten, y actualmente ayuntamientos como:

Tegueste tiene 5 auxiliares prestando servicios a personas dependientes,

La Laguna atiende a unos 1.000 personas del municipio.

Adeje tiene unas 6 auxiliares

Los Realejos unos 6 auxiliares

El Sauzal unos 6 auxiliares

Y así todos o casi todos los ayuntamientos de la Isla.

servicio ayuda a dependientes

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Con esta normativa los aytos no podrán gastar ni un euro en la contratación de auxiliares para prestar servicio a domicilio a personas con problemas de movilidad o dependientes, sin contar con las personas que actualmente están contratadas y que habrá que hacer algo con ellas, técnicos, auxiliares,administrativos, etc.

“Estamos muy preocupados”, ha comentado Isabel Mena, viceconsejera de Servicios Sociales del Gobierno canario y uno de los responsables políticos de la asunción de las competencias con las que ahora cuentan los ayuntamientos, y que en principio deberían tener un plan para tomar las competencias o su traspaso a los Cabildos.

El Gobierno de Canarias ha solicitado al Ministerio de Sanidad y Servicios sociales, que dirige Alfonso Alonso, que solucione este asunto dice Isabel Mena. Es decir, que aplace la entrada en vigor de esa parte de la ley.

Esta pasará por la Ley Canaria de Municipios para que, una vez asumidas las competencias de Servicios Sociales por la consejería de la vicepresidenta Patricia Hernández, puedan ser “delegadas” de nuevo por medio de convenios a los Ayuntamientos.

Los alcaldes, por su lado, están imposibilitados por ley para asumir de nuevo los Servicios Sociales sin presupuesto autonómico. La intervención del Estado ya informó, vía circular a los interventores municipales, que no se pueden incluir en los presupuestos del 2016 partidas para Servicios Sociales.

Los ayuntamientos están dando hoy por hoy una ayuda inmediata a los problemas de servicios Sociales de los vecinos con necesidades cercanas y con criterios muy locales. Pero por otro lado la forma en que se conceden estas ayudas a domicilio no son claras y no están reguladas por normativa.

Desde los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes se divisa el nuevo año con verdadero pánico, ante lo que puede suponer, en este tiempo, cerrar las puertas a las ayudas directas: guarderías, alimentación,  ayudas a domicilio, comedores y alquileres, por citar algunas de emergencia.

Pero por otro lado el gobierno debe racionalizar las ayudas y sobre todo eliminar competencias duplicadas y sin un control central de lo que se invierte en ayudas sociales en las 4 administraciones del Estado, Ayuntamientos, Cabildos, GobCan y Estado.

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